A través de una entrevista ofrecida en el programa televisivo “A Fondo” de la Televisión Guinea Ecuatorial, el Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa Eucario Bakale Angüe Oyana ha dado a conocer que se ha «anulado» técnicamente los nombramientos de los nuevos directores generales de las empresas públicas y entidades autónomas recientemente nombrados, así como de los demás que ya se encontraban en sus puestos.
Por lo que, Bacale Angüe Oyana ha dejado claro también que, para que éstos directores generales sigan manteniendo sus puestos, deberán participar en la oferta de empleo publicada recientemente por este Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa mediante Orden Ministeral número 1/2023.
Por otro lado, el Ministro ha indicado que a la lista publicada el viernes que contenía un total de 51 entidades autónomas y empresas públicas, pueda que se añadan otras entidades a esta lista, lo que posiblemente haría que estemos hablando de unos 170 puestos o más, ya que se incluirían directores generales, los directores generales adjuntos, un secretario ejecutivo o un inspector general de servicios, según cada caso.
También Bacale Angüe Oyana ha dejado claro que no están incluidos las direcciones de los departamentos de las empresas. Y los directivos que se encuentran actualmente en los puestos tienen la ventaja de poder participar en el concurso oposición aun sin reunir todos los requisitos que recoge la citada Orden Ministerial. Por lo que, el Ministro ha indicado que no se pretende eliminarlos, sino darles la oportunidad de evaluar su gestión, pero aquellos que no participen no van a seguir en sus direcciones.
Todas las evaluaciones se harán en Malabo y en la fase de oposición solo pasarán los tres primeros seleccionados en cada entidad y podrán hacer las entrevistas con el Comité seleccionador.
Estas medidas vienen por dos razones. En primer lugar, por las reformas que ha emprendido el Gobierno desde hace dos años para la estructuración de los organismos autónomos y empresas públicas y como consecuencia la elaboración de la nueva ley reguladora de los organismos autónomos y entidades públicas. Y en segundo lugar porque el reclutamiento del cuadro ejecutivo de estas empresas no siempre ha respondido a los criterios de objetividad, transparencia y competencia, según ha dicho el Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa.
