La Cámara de Diputados ha dado luz verde este pasado lunes, día 21 de octubre, al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de Guinea Ecuatorial, tras escuchar el dictamen de la Comisión Parlamentaria de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos.
La sesión fue moderada por el presidente de la institución, Dr. Salomón Nguema Owono, y contó con la participación de una delegación del Gobierno encabezada por el Ministro de Estado Encargado de Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jurídicos, Sergio Esono Abeso Tomo.
Este proyecto legislativo busca establecer un sistema integral de compras y contratación pública que esté en línea con la Directiva de la CEMAC sobre el Código de Transparencia y Buena Gobernanza. Su objetivo es lograr una mayor transparencia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos, asegurando una relación óptima entre calidad y precio. Asimismo, se propone mejorar la productividad del gasto público y fomentar la profesionalización de los actores involucrados en la contratación, fortaleciendo así la lucha contra la corrupción y promoviendo el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Una de las innovaciones más relevantes que incorpora esta legislación es la obligación para todas las entidades contratantes de elaborar un plan anual de contratación, que incluirá las obras, bienes y servicios a adquirir en el próximo ejercicio económico. Este plan estará alineado con los objetivos del Gobierno establecidos en la estrategia nacional de desarrollo Horizonte 2035 y se integrará en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el proyecto de Ley contempla la creación de un sistema electrónico como medio oficial para la difusión de información sobre la actividad contractual de los órganos de la administración pública. Esta herramienta está diseñada para promover la transparencia y la publicidad en los mercados públicos, mejorando así la gestión de la contratación, reduciendo costos, agilizando trámites y aumentando la participación de los operadores económicos, lo que fomentará la competencia y garantizará contrataciones de mayor calidad.
En cuanto a las modalidades de contratos, el proyecto introduce nuevos tipos contractuales, incluidos los contratos de servicios y de asociación público-privada. Esta última modalidad está orientada a desarrollar proyectos de gran envergadura, asociando capital público y privado para la provisión de servicios de interés general, lo cual es esencial para atraer inversión privada en proyectos prioritarios para el país.
El proyecto de Ley también establece un marco institucional que incluye la creación de una Oficina Nacional de Compras y Contratación Pública y un Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Estas instituciones serán responsables de monitorear los procesos de contratación, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, el Gobierno busca instaurar el principio de integridad como uno de los pilares fundamentales de la contratación pública, priorizando el interés público sobre el privado. Esto implicará el establecimiento de estándares básicos que deben seguir los actores involucrados, garantizando así una mayor seguridad en la adjudicación de contratos.
Finalmente, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público ha sido aprobado por unanimidad por los dos grupos parlamentarios, tras escuchar las valoraciones de sus respectivos portavoces. Ahora, se admitirá al siguiente trámite parlamentario para su estudio en segunda lectura en el Senado, marcando un paso significativo hacia la mejora de la gestión pública en el país.
