En Camerún el gobierno prohíbe el whisky en bolsitas y lanza un nuevo ultimátum a los productores. Según han comunicado las autoridades de este país vecino, los productores se han beneficiado de un indulto desde 2014, pero este período transitorio debe finalizar ahora para no tener que recurrir a sanciones.
El gobierno camerunés decidió recientemente imponer un plazo de seis meses a las empresas productoras de whisky para poner fin a la distribución de sus productos en bolsitas.
Anunciada por Fuh Calistus Gentry, Ministro en funciones de Industria y Minas, esta medida tiene como objetivo animar a los fabricantes a optar por el embotellado, una práctica considerada más segura para los consumidores.
Esta prohibición no es nueva, ya se mencionó en marzo de 2023. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que la situación sigue siendo preocupante. Muchos cameruneses acogen con satisfacción esta medida y destacan los peligros asociados a beber whisky en bolsitas . Un ciudadano declaró: “ No deberíamos vender esto porque en realidad enferma a la gente».
Cabe señalar que la Agencia de Normas y Calidad (Anor) había suspendido los controles de conformidad de estos whiskies, tras la segunda moratoria concedida por el gobierno a los productores en 2016, que expiró el 31 de diciembre de 2022. Desde entonces, las organizaciones de consumidores han pedido su prohibición, pero ha sido en vano.
Organizaciones como la Federación de Consumidores de Camerún, que lleva casi una década abogando por la prohibición de estos productos, ven esta medida como un paso adelante. Su presidente, Alphonse Ayissi Abena, celebró la iniciativa y pidió al Gobierno que vaya más allá para erradicar este producto nocivo para los jóvenes y la población en general.
Los productores, por su parte, protestan contra “la fuerte campaña de desinformación sobre los whiskies embolsados llevada a cabo por determinados activistas de otro tipo, a través de acciones locales llevadas a cabo con vendedores y consumidores, y a través de las redes sociales y los medios de comunicación” .
También consideran infundada la información sobre la calidad de sus productos y el carácter ilegal de la actividad llevada a cabo por estas empresas: “pueden desprestigiar a un sector de actividad próspero que se beneficia del apoyo multifacético de las autoridades públicas para mejorar calidad del producto y cumplimiento administrativo”.
