Un joven ugandés de 20 años se ha convertido en el primer individuo del país acusado de “homosexualidad agravada”, un delito que conlleva la posibilidad de pena capital conforme a la legislación anti-homosexual recientemente promulgada, según ambos fiscales y el abogado del acusado.
A pesar de la presión internacional de los gobiernos occidentales y las organizaciones de derechos humanos, Uganda introdujo en mayo una de las leyes más estrictas del mundo contra la comunidad LGBT. La legislación estipula una pena de cadena perpetua para las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
En casos considerados “agravados”, incluidos delitos repetidos, actos entre personas del mismo sexo que resulten en la transmisión de enfermedades terminales o la participación en tales actos con un menor, una persona mayor o una persona con discapacidad, se puede imponer la pena de muerte.
Como se indica en un documento de acusación revisado por Reuters, el joven fue acusado formalmente de homosexualidad agravada el 18 de agosto después de supuestamente participar en “actividad sexual ilícita” con un hombre de 41 años. Los detalles que justificaban la clasificación como “agravado” no se describieron explícitamente.
Jacqueline Okui, portavoz de la fiscalía, afirmó que el acusado fue informado de la pena capital ante un tribunal de primera instancia el 18 de agosto, dada la competencia de la acusación ante el Tribunal Superior.
Posteriormente, el acusado fue puesto en prisión preventiva. Okui se abstuvo de proporcionar más detalles sobre el caso en curso y afirmó que no tenía conocimiento de casos anteriores de cargos de homosexualidad agravada.
La abogada Justine Balya, en representación del acusado, expresó su convicción de la inconstitucionalidad de toda la ley. Si bien se han iniciado impugnaciones legales, el poder judicial aún no se ha ocupado del asunto. Balya indicó que su cliente es el primer caso de procesamiento por homosexualidad agravada y se negó a profundizar en los detalles del caso.
Aunque Uganda no ha aplicado la pena capital durante casi dos décadas, la disposición legal persiste y el presidente Yoweri Museveni había planteado la posibilidad de reanudar las ejecuciones en 2018 para hacer frente al aumento de la criminalidad.
La reciente promulgación de la ley provocó censura internacional y amenazas de sanciones. Posteriormente, el Banco Mundial suspendió la nueva financiación pública para Uganda en respuesta. Estados Unidos también impuso restricciones de visa a funcionarios ugandeses seleccionados y el presidente Joe Biden inició una revisión de la ayuda estadounidense a la nación.
