La Limitación de la circulación de las personas de un distrito a otro, tanto en la Región Continental como en la Insular, fue una de las estrategias adoptadas por el Ejecutivo de Malabo en su plan de frenar la propagación del coronavirus en toda la geografía nacional. Una estrategia que ha ayudado a contener el nuevo coronavirus en el país, manteniendo en mínimos la curva epidemiológica.

Esta norma de prohibición de la circulación interdistrital fue levantada por el Jefe de Estado en el último Decreto sancionado el 14 de junio para relajar ciertas medidas restrictivas. Entre las medidas de relajación que establece el citado Decreto presidencial se encuentra la circulación de las personas en todo el país de un distrito a otro.

Sin embargo, algunos habitantes de la Región Continental del país señalan que siguen sin poder gozar plenamente de esta medida de relajación para la circulación interdistrital. Según han apuntado algunos ciudadanos, para salir de Bata hacia el interior de la Región o viceversa, han de pagar tanto el importe de trayecto al conductor como en las barreras policiales que se encuentran a su paso para poder llegar a su lugar de destino. Ésto último se exige, según apuntan, porque “aún no se ha autorizado la circulación de un distrito a otro”, lo que supone una vulneración de lo establecido en el Decreto antes citado donde se relajaron las medidas de circulación entre distritos, pero bajo unas condiciones relacionadas con el test PCR, y se trata además de un cobro ilegal.

Las mujeres comerciantes de productos alimenticios, quienes deben circular de un distrito a otro para comprar o vender sus productos, indican que son las más damnificadas por esta situación. Muchas no se atreven a dar sus nombres o mostrar la cara ante los medios de comunicación por miedo a ser identificas y que esto pueda perjudicar su actividad.

El hábito ilegal de pagar en cada control policial para circular de un distrito a otro comenzó a registrarse cuando el Ejecutivo de Malabo decidió limitar la circulación interdistrital para controlar y contener la propagación del Covid-19.

Lo más extraño de esta situación es que, mientras el Gobierno está ideando planes para ayudar a que la población vaya recuperándose económicamente poco a poco y puedan retomar su vida y actividad cotidiana normal de manera paulatina, se registran todavía comportamientos de algunos ciudadanos que siguen actuando al margen de la ley, recibiendo cobros ilegales bajo pretextos sin fundamento alguno.