La pandemia de COVID-19 en 2020 y las explosiones de Bata en 2021 golpearon a Guinea Ecuatorial en un momento en que sus vulnerabilidades económicas ya se habían visto agravadas por un período prolongado de bajos precios de hidrocarburos y siete años consecutivos de caída del PIB real. Como resultado, los shocks afectaron aún más negativamente la actividad económica, el sistema bancario, los ingresos fiscales, y las condiciones sociales. Si bien se estima que el PIB no petrolero aumentó un 1,3 por ciento en 2021 debido a la desaceleración en los casos de COVID-19 y la relajación de las medidas de contención de la pandemia, se estima que el PIB real disminuyó un 3,5 por ciento.
Las autoridades reaccionaron rápidamente a las consecuencias de la pandemia y las explosiones de Bata. El gobierno desplegó un plan de gasto en salud enfocado en la prevención y mitigación de COVID-19, junto con un esquema de asistencia social para los más vulnerables. Se otorgó un alivio fiscal limitado y transitorio al sector privado, que ayudó para abordar las presiones de flujo de caja y amortiguó los efectos adversos sobre la actividad económica y el empleo. Además, las autoridades retrasaron la ejecución de planes de gastos de capital y otros gastos no prioritarios. Para la emergencia de Bata, brindaron apoyo a alrededor de 5.000 hogares vulnerables, incluso a través de ocho albergues para más de 500 niños huérfanos y un albergue para ancianos.
Perspectivas y riesgos
A pesar de los shocks negativos recientes, las perspectivas de corto plazo han mejorado considerablemente. Se espera que el PIB crezca alrededor de 6 por ciento en 2022 debido a los efectos de base de comparación por la menor producción de gas en 2021 respecto a la esperada, y el inicio de la reconstrucción de Bata. La reciente relajación de las medidas de contención del COVID-19 y el aumento de los precios internacionales del petróleo están ayudando a impulsar los ingresos del gobierno, junto con los ingresos por exportaciones, reduciendo el déficit de la cuenta corriente externa. Sin embargo, la elevada morosidad (impulsada por los atrasos del gobierno con las empresas constructoras) y el déficit de capital en el sistema bancario nacional son un obstáculo para la expansión del crédito privado, lo que limita un mayor crecimiento de la inversión privada nacional y del sector no petrolero. Se proyecta que la inflación aumente al 4 por ciento en 2022, impulsada por los precios internacionales del petróleo y los alimentos, debido a la recuperación mundial de la pandemia y el shock de oferta causado por la invasión rusa a Ucrania.
A mediano plazo, se prevé que el crecimiento disminuya. Se espera que baje la producción de hidrocarburos a medida que maduran los principales campos y se ralentizan las inversiones en exploración. Con una agenda de reformas estructurales que avanza lentamente y menores ingresos por hidrocarburos, el sector no petrolero se mantendría débil y los niveles de vida se verían negativamente afectados.
El balance de riesgos para las perspectivas tiene sesgo a la baja. Por el lado positivo, un nuevo aumento sostenido de los precios de los hidrocarburos impulsaría los ingresos por exportaciones, mejoraría las cuentas fiscales y los activos externos netos. Por el lado negativo, un nuevo aumento sostenido de los precios internacionales de alimentos y fertilizantes aumentaría aún más la inflación interna, lo que afectaría negativamente la seguridad alimentaria de los segmentos de la población que ya son vulnerables, aumentando las expectativas de tensiones sociales. Riesgos adicionales a la baja incluyen un resurgimiento de la pandemia, un aumento en los incidentes de piratería marítima, más demoras en abordar las vulnerabilidades de gobernanza y corrupción, o un empeoramiento continuo de los indicadores de estabilidad del sector bancario.
Prioridades de política económica
Las políticas deben equilibrar las urgencias a corto plazo—incluido el apoyo a la seguridad alimentaria y el sistema bancario—con reformas generales duraderas para garantizar la estabilidad macroeconómica, mejor situación social, y una gobernanza y transparencia fortalecidas, generando un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Específicamente:
Reducir los desequilibrios macroeconómicos y mantener la sostenibilidad fiscal
Reconstruir las defensas macroeconómicas utilizando los ingresos petroleros extraordinarios. La prioridad fiscal a corto plazo del gobierno de estabilizar la economía—incluido el apoyo continuo al sistema bancario y la población vulnerable—es apropiada. Se prevé que el saldo fiscal primario no petrolero se deteriore a alrededor de 19,5 del PIB no petrolero en 2022, a pesar de la mejora de los ingresos no relacionados con los hidrocarburos y la administración tributaria, con una posición fiscal neutra proyectada en 2022. Las autoridades deberían utilizar los ingresos extraordinarios de precios más altos de los hidrocarburos para reconstruir las defensas macroeconómicas, incluidas las reservas internacionales, para ayudar a proteger la economía de futuros shocks adversos.
Mantener la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Dado que la producción de hidrocarburos está en declive persistente, se necesitan ajustes de política para mantener la sostenibilidad fiscal mientras se estimula el sector no petrolero y se busca un crecimiento inclusivo a mediano plazo. Una reforma de los subsidios a los combustibles implementada en marzo que genera ahorros del 0,1 por ciento del PIB en 2022 es un paso en la dirección correcta después de que los precios minoristas de los combustibles se mantuvieran fijos durante los últimos quince años. Además, dada la volatilidad de los precios de los hidrocarburos, las autoridades deberían fortalecer el cumplimiento de su marco de política fiscal que apunta a una reducción del déficit primario no petrolero. En este propósito, las autoridades deben adoptar medidas para incrementar los ingresos no petroleros y mejorar la eficiencia del gasto público. El gasto de capital prioritario debe centrarse en agua y saneamiento, y la reconstrucción de la infraestructura de Bata. Se debe fortalecer el sistema de contratación pública.
Fortalecer la gestión de la deuda pública. Se considera que la deuda pública de Guinea Ecuatorial es sostenible a mediano plazo, pero sujeto a riesgos sustanciales—como la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y la continuación de la disciplina fiscal. La regularización planificada de los atrasos internos y externos es bienvenida. Las autoridades también deben someter a verificación cualquier atraso interno recientemente descubierto, incluso a través de una sólida auditoría externa independiente, antes de realizar la regularización final. Para evitar la aparición de futuros atrasos en los pagos, las autoridades deben seguir implementando un sistema de seguimiento y control de gastos plurianual, y también monitorear de cerca el saldo actual de atrasos.
Mejorar la situación social y proteger la seguridad alimentaria
A la luz del deterioro de las condiciones sociales durante la pandemia y el reciente aumento de los precios de los alimentos, se deben considerar medidas temporales a corto plazo para proteger la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. En el mediano plazo, un conjunto integral de medidas sería clave para mejorar las condiciones sociales y el capital humano, incluso para mejorar la seguridad alimentaria. Para lograr este objetivo, se necesita una estrategia de protección social con objetivos, medidas y plazos claros, dentro de una estructura administrativa simplificada. La estrategia incluiría el desarrollo de un registro único de beneficiarios con criterios de elegibilidad para asistencia social basados en evidencia. Mientras tanto, una expansión de la iniciativa de transferencias móviles de Bata y los servicios de atención sanitaria « Distritos Sanitarios » (según el modelo Baney) podrían brindar la cobertura necesaria en todo el país. Estos esfuerzos deben estar respaldados por mejoras en la recopilación y divulgación de datos de gasto y condiciones sociales.
Fortalecimiento del sector bancario
Las vulnerabilidades ya existentes en el sector bancario se vieron agravadas por la pandemia. Las preocupaciones clave son el alto nivel de préstamos en mora (impulsado por los atrasos del gobierno con las empresas constructoras) y la revelación de bancos con déficit de capital (que surgió tras la alineación de COBAC, a fines de 2019, de sus definiciones de capital con Basilea II). Se necesitan pasos rápidos para fortalecer la solidez del sector bancario. Con este fin, el gobierno debería acelerar su plan para liquidar los atrasos internos y trabajar con COBAC para una pronta recapitalización de cualquier banco que pudiera ser insolvente. Más allá de esto, el gobierno debería acelerar la implementación de nuevos mecanismos de resolución de controversias mercantiles y crediticias, encaminados a reducir la morosidad del sector. Finalmente, el gobierno debe continuar trabajando estrechamente con COBAC para mejorar otras deficiencias identificadas en el sistema bancario a mediano plazo, y trabajar con BEAC para mejorar el acceso a los servicios financieros y fortalecer la inclusión financiera.
Apoyar el crecimiento inclusivo, la diversificación económica y una economía resiliente al clima
Intensificar las acciones para mejorar la gobernabilidad, aumentar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Las autoridades han implementado varias reformas de gobernanza macro-críticas, incluido un marco anticorrupción y reformas de administración tributaria. Sin embargo, estos esfuerzos de reforma deben acelerarse para abordar las graves vulnerabilidades de gobernanza y corrupción que aún persisten, a través de una implementación integral y creíble de la agenda de reformas estructurales para generar dividendos macroeconómicos sustanciales. Esta agenda de reformas se detalla en el plan de acción del gobierno de 2019 para abordar las debilidades de gobernanza, aumentar la transparencia y combatir la corrupción. También se necesitan esfuerzos para implementar completamente las medidas relacionadas contempladas como compromisos asumidos en virtud de la solicitud del Instrumento de Financiamiento Rápido de 2021, junto con las medidas pendientes del Servicio Ampliado del FMI.
Impulsar los esfuerzos para estimular el crecimiento del sector no petrolero. El Plan de Desarrollo 2035 actualizado, contempla adecuadamente la diversificación económica liderada por el sector privado y la sostenibilidad ambiental. Las iniciativas clave implementadas incluyen el establecimiento de una ventanilla única empresarial para ayudar a mejorar el clima de negocios, la eliminación del requisito de un socio nacional para los inversores extranjeros, y la nueva comisión para mejorar las operaciones portuarias. Se ha publicado una lista de activos estatales para la privatización a través de la venta directa o mediante contratos de gestión. Además, se están contemplando planes de desarrollo turístico para contribuir a un crecimiento inclusivo. Se necesitan medidas adicionales, incluida la preparación de un plan de venta de activos basado en licitaciones internacionales abiertas y transparentes, el establecimiento de una agencia de promoción de inversiones, la puesta en marcha de una estrategia de turismo, y un plan integral para mejorar la capacitación de la fuerza laboral local. Se debería avanzar con la simplificación de los procedimientos comerciales y la implementación del Acuerdo de Libre Comercio Africano de 2018 para promover el comercio, especialmente con la región de la CEMAC, utilizando la infraestructura vial y portuaria bien desarrollada del país.
Facilitar la construcción de una economía resiliente al clima. Las autoridades ratificaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y lanzaron el programa REDD+ con el objetivo clave de limitar la deforestación y la degradación forestal. Con este fin, se ha comenzado a trabajar en un Plan de Uso de la Tierra con la FAO. Estos esfuerzos deben ampliarse mientras se maneja con cuidado el declive persistente en el sector de hidrocarburos, incluso evitando los incentivos para el cierre temprano de los pozos en declive.
El equipo del FMI se reunió con el Primer Ministro Francisco Pascual Obama Asue, el Ministro de Hacienda, Economía y Planificación Valentin Ela Maye Mba, la Secretaria de la Tesorería Milagrosa Obono Angue, otros altos funcionarios del gobierno, así como representantes del sector privado y la sociedad civil.
