Ha comenzado este lunes en la Cámara de los Diputados el análisis del proyecto de ley sometido por el Gobierno por el que se pretende establecer normas relativas a la reactivación de la actividad marítimo-portuaria y regular algunas tasas en los sectores de Hacienda, Comercio y Telecomunicaciones.
El análisis se lleva a cabo en el seno de la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas, Minas, Transportes y Comunicaciones, bajo la moderación del Presidente de la Cámara de Diputados Gaudencio Mohaba Messu.
En la exposición de motivos de este texto, se resalta la gran inversión realizada por el Gobierno para la construcción, ampliación y modernización de los puertos públicos, especialmente en las ciudades de Malabo y Bata. Unas infraestructuras que no están siendo explotadas de manera rentable por la reducción del flujo de barcos y otras circunstancias que impiden el buen desenvolvimiento de los servicios y las actividades portuarias.
El Ministro de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, Rufino Ovono Ondo, ha indicado que los puertos son pilares claves para el desarrollo del país, porque suponen la puerta de entrada y salida al mundo para el envío y recepción de una gran variedad de mercancías y transacciones, contribuyen al fomento de la actividad comercial y permiten acelerar el crecimiento económico de la Nación.
También ha hablado de la escalada al alza de precios de los productos de consumo regular en el mercado nacional, que incide en la cesta de compra de la población y en la tendencia inflacionista de nuestra economía, lo que merma el estado de bienestar de las familias, porque disminuye su poder adquisitivo.
Aparte de la actual crisis económica y sanitaria mundial y el encarecimiento de los productos básicos, el Ejecutivo de Malabo considera que esa inflación se debe a la existencia en nuestros puertos de múltiples servicios y cuerpos que exigen pagos no regulados en ninguna normativa vigente, así como la existencia de algunas tasas portuarias innecesarias. Unos aspectos que obstaculizan la iniciativa nacional y privada a la importación y el aumento del tráfico marítimo hacia y desde esas infraestructuras portuarias.
En sus primeras valoraciones, los diputados han pedido informaciones sobre las tasas que se pagan en los puertos de los países vecinos para identificar el por qué nuestras infraestructuras portuarias no son atractivas y por qué hay poco flujo de barcos en las mismas. Unas cuestiones que han sido aclaradas por la delegación del Gobierno invitado por la Comisión, indicando que todo lo que se viene cobrando en nuestros puertos repercute en los precios finales de muchos productos, por eso se quiere reducir o eliminar algunas tasas para reactivar las actividades portuarias.
Los diputados también se han interesado sobre la previsión de ingresos que pretende alcanzar el Gobierno con esa reforma y han analizado el funcionamiento de algunos servicios que se considera vitales en esas instalaciones portuarias. Además, han formulado varias recomendaciones para que nuestros puertos sean explotados de manera rentable y que funcionen acorde a las normas de la Organización Marítima Internacional.
Después de las consideraciones generales, se ha adoptado el preámbulo y los artículos por los que se modifican las tasas por autorizaciones de entrada de buques, embarcaciones y artefactos navales en aguas territoriales de nuestro país, así como los artículos por los que se prohíben los cobros de los servicios no definidos ni regulados en el tarifario de las administraciones de los puertos públicos y se prohíbe a los cuerpos oficiales y no oficiales que realizan actividades en los mismos realizar cobros por conceptos no regulados.
En los recintos portuarios están operando varios servicios, como veterinarios, agencias de declaración, autorización de subida, cátering, port services, gendarmería nacional, policía fiscal, seguridad, brigada canina, sanidad y verificación de productos pesqueros, por eso se ha tratado de determinar los servicios que realmente deben permanecer en esos recintos. Después de varias deliberaciones, ese artículo ha quedado pendiente de reformulación, porque los representantes del pueblo quieren que, aparte de los servicios netamente aduaneros y la Administración de Puertos, solo estén en los recintos portuarios los cuerpos de seguridad y la policía nacional y que, cuando la presencia de los demás servicios, como los veterinarios, la brigada canina y sanidad, sea necesaria, serán requeridos por la autoridad portuaria y no podrán facturar ni cobrar por la prestación de sus servicios.
