Mali da 72 horas al embajador francés para salir del país tras un roce con París

El descontento de Bamako se produjo tras las críticas de París a las autoridades interinas malienses a las que calificó de “ilegítimas”, tras tomar el poder por medio de un golpe de Estado en 2021 y en medio de desacuerdos entre las dos partes por la misión militar francesa en el Sahel contra el yihadismo.

Mali expulsó al embajador francés en medio de las crecientes tensiones con sus aliados europeos y africanos.

Las autoridades interinas publicaron un comunicado este 31 de enero en el que indican que el diplomático Joër Meyer tiene 72 horas para salir del país.

« El embajador francés en Bamako fue convocado y notificado de una decisión del gobierno invitándolo a abandonar el territorio nacional dentro de las 72 horas posteriores a los comentarios hostiles e indignantes del ministro de Asuntos Exteriores francés recientemente », afirmó la nota de Bamako.

La furia de la junta militar que actualmente gobierna a la nación africana estalló luego de que representantes del Gobierno de Emmanuel Macron cuestionaran tanto la legitimidad de las autoridades malienses de transición como su “desaire” hacia la misión militar francesa en el Sahel.

Francia mantiene tropas en esa región desde 2013, cuando el entonces Gobierno de Mali pidió ayuda a París ante los temores de que los grupos yihadistas pudieran tomar el país situado en África Occidental, pues los extremistas ya dominaban varios territorios en el norte del continente.

Las discrepancias de la junta militar con los países aliados

Las tensiones entre Mali y sus aliados europeos y regionales han aumentado en las últimas semanas debido a que el líder interino, el coronel Assimi Goita, retrasó las elecciones hasta 2026, consolidó su control y rechazó defender los acuerdos internacionales de la nación.

El pasado viernes 28 de enero, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró que la junta militar estaba « fuera de control » y la calificó de “ilegítima”.

La junta maliense que controla la nación ha salido de dos sucesivos golpes de Estado en 2020 y 2021 y se muestra renuente a devolver el poder a los civiles.

Además, la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, aseguró que su país desea continuar con sus operaciones allí porque « no podemos permitir que se constituyan santuarios yihadistas o terroristas en esa parte del mundo ».

Pero subrayó que las tropas de su país no se quedarían en Mali si el precio que tenían que pagar era demasiado alto.

Parly habló de un “desaire” de Bamako a la fuerza militar europea Takuba, que lidera Francia, luego de que el Gobierno de transición pidió la semana pasada a Dinamarca que retirara sus tropas pertenecientes a la alianza armada, lo que desencadenó una nueva crisis. Francia le pidió a Mali que permitiera que las tropas danesas se quedaran, y el portavoz del gobierno de Mali le dijo a Francia que se guardara sus « reflejos coloniales ».

“Los informes de que el embajador francés ha sido declarado persona non grata por las autoridades de transición de Mali son inaceptables. Dinamarca se solidariza plenamente con Francia (…) Tal comportamiento irresponsable no es lo que esperamos de Mali, perderá credibilidad internacional », afirmó el ministro de Relaciones Exteriores danés, Jeppe Kofod.

En los últimos días, aliados europeos acordaron elaborar planes, dentro de las dos próximas semanas, sobre cómo continuar su lucha contra los militantes islamistas en Mali, según indicó el ministro de Defensa de Dinamarca.

La junta militar maliense rechaza la presencia de los uniformados europeos, al tiempo que negocia con la empresa rusa de mercenarios Wagner, vinculada con el presidente ruso Vladimir Putin, según denunció París.

La UE ya ha impuesto sanciones a Wagner por cometer brutales violaciones de derechos humanos, como torturas, ejecuciones y agresión sexual en los países donde han sido contratados por sus gobiernos.

Una de las naciones más golpeadas por las atrocidades de ese grupo, con un total de hasta 10.000 soldados, es la República Centroafricana, donde organizaciones civiles han denunciado crímenes espeluznantes.