El pasado mes de mayo había dado comienzo en la Audiencia Provincial de Litoral que preside María Luisa Nchama Alogo el juicio contra los acusados en el caso Comercial Santy por alterar las fechas de caducidad de los productos que comercializaba esta firma en nuestro país Guinea Ecuatorial. Un escándalo que salió a la luz el pasado mes de febrero y que propició que se ordenara de forma inmediata el cierre preventivo de todos los establecimientos de esta empresa en nuestro país, los cuales han permanecido así durante este tiempo.
Durante las vistas orales y públicas, La Fiscalía, representada por Sidonio Oló Monsuy y Herminio Meñana Ondó Andeme, acusaba a los procesados de un delito contra la salud pública en la modalidad de alteración de fechas de caducidad y solicitaba para ellos penas de prisión menor y una multa de 25.000 XAF a ingresar en el Tesoro Público. También la Fiscalía les acusaba del delito de blanqueo de capitales en base a la reglamentación CEMAC y solicitaba que indemnicen, en cuanto a la responsabilidad civil, al Estado ecuatoguineano y a su población con una suma de 2 mil millones XAF.
Pues tras este juicio, según informa la televisión nacional, el Tribunal condena por delito contra la salud pública de venta de productos caducados como cómplices y responsables civiles a Victor Fernández y Estefan Rodríguez al pago de una multa de 1.500.000XAF cada uno, mientras que los demás implicados, tales como Juan Pablo Ríos, Jonatán Andrea, María Camila, Carolina Cáceres, Paula Andrea López, Jorge Elieser, Paula Andrea Ortega, Neider, José Fernando Salazar, Kumer y dos más se les condena al pago de 700 mil XAF cada uno por su grado de implicación. Y se ha absuelto a los demás acusados. Estas multas impuestas a los acusados ascienden a un monto de 11 millones 400 mil XAF.
También se ha multado a la firma Comercial Santy en concepto de responsabilidad civil y subsidiaria al pago de 400 millones XAF por diversos delitos como la alteración fechas, blanqueo de capitales, entre otros.
Por lo que, la suma total de las multas impuestas en este caso ascienden a un monto total de 400 millones 400 mil XAF que se deberá ingresar en las arcas del Estado.
Además, el Tribunal ha ordenado el decomiso de las máquinas utilizadas para realizar el cambio de la fecha de caducidad de los productos y ha ordenado la destrucción de todos los productos cuyas fechas fueron alteradas y que se confiscaron en el marco de la operación.
