Antatolio Nzang Nguema, Fiscal General de la República

En la mañana de este jueves 27 de agosto, el Fiscal General de la República ha ofrecido más datos sobre los tres últimos casos de delitos de malversación de caudales por desvió de efectos de valor en la bóveda de la Tesorería General del Estado (2000 millones), la falsificación de documentos oficiales en la Comisaría General de Extranjería del Ministerio de Seguridad Nacional (500 millones) y la falsificación de autorizaciones de pago en el Ministerio de Hacienda (1000 millones). Los implicados se enfrentan a penas de 12 años de encarcelación según el grado de implicación.

Tras los últimos acontecimientos ocurridos en Malabo, en los que la Gendarmería Nacional desmanteló “tres grupos de delincuentes”, Anatolio Nzang Nguema, Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para ofrecer datos sobre estos tramas.

Para el Fiscal General, la trama destapada en la Tesorería General del Estado, fue descubierta “porque los efectos de valor descendieron de manera considerable la venta de éstas, dado que los funcionarios de dicho departamento tenían en su poder otros efectos que ponen en circulación y los venden a la ciudadanía lo que hace que las ventas desciendan”, algo que el Fiscal General  entiende como la malversación de mutuo propio.

En el caso de falsificación de documentos oficiales en la Comisaría General de Extranjería del Ministerio de Seguridad Nacional, los implicados falsificaban las autorizaciones expedidas con anterioridad por S.E el Vice-Presidente de la República para posteriormente enviarlas al Centro Nacional de Emisión de Documentos Oficiales de Guinea Ecuatorial (CNEDOGE) para la obtención de pasaportes y residencias. El Fiscal General, ha descrito su modus operandi de la siguiente manera: “Se trata de autorizaciones ya hechas. Los funcionarios vuelven a sacar los archivos, los escanean y lo reproducen para  expedir otras residencias, visados alternativos, permanencias”.

Algo similar ocurre en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, “los libramientos que el Ordenador de Pagos ha autorizado y efectivamente se ha autorizado. Un grupo de funcionarios vuelve hacerse con estas autorizaciones, las escanean y los reproducen para someterlas a la firma de las autoridades para obtener beneficio económico”, un procedimiento que el Fiscal General reconoce que están organizados y en coordinación con otras entidades como es la Ventanilla Única, los cuales simulan empresas en tres días para que a través de ella se pueda inyectar el dinero sacado al estado en las cuentas de la empresa ficticia.

En esta última operación, el Fiscal General cree que se ha llevado en colaboración con otro departamento “están los funcionarios de Hacienda y los del Ministerio de Comercio y Promoción Empresarial”.

A pesar de conocer el número de personas implicadas, así como las entidades implicadas en las malversaciones, así como las empresas ficticias creadas a tiempo record, el Fiscal General no ha hecho ninguna mención de ellos “para evitar suministrar datos que puedan bloquear o hacer desaparecer ciertas pruebas” señaló. 

En estos precisos momentos se sigue investigando para hallar más pruebas y atar más cabos pero, por de momento se sabe que en los tres casos se estaría hablando de más de 3.500 millones de francos CFA que no entraran en las arcas del Estado.

Según el Fiscal General, se estima de manera provisional a 2000 millones de francos CFA la cantidad de efectos de valor desviados de la bóveda de la Tesorería General del Estado; de la falsificación de documentos oficiales en la Comisaría General de Extranjería del Ministerio de Seguridad Nacional, se estima a algo más de 500 millones de francos CFA en perjuicio de CNEDOGE y 1000 millones que se han desviado del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación con la falsificación de autorizaciones de pago.

En base a estos hechos, la fiscalía entiende que se trata de delitos de malversación de caudales públicos, lo que implica que los implicados  se enfrentan a  “unas penas que no bajarían de 12 años según los grados de implicación de cada uno”, añadió.

Algunos implicados en las diferentes tramas estarían gozando de una libertad provisional, algo que a la fiscalía no le consta. “El sospechoso que haya sido puesto a disposición judicial no está en libertad provisional”, afirmó.