El mes pasado, el presidente Andry Rajoelina propuso enmiendas al código penal, que incluyen la castración química y quirúrgica como castigo para las personas condenadas por violar a menores. Desde entonces, estos cambios han sido aceptados por los diputados de la Asamblea Nacional.
La ley no agradó a Amnistía Internacional, cuyo director regional para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah, declaró que “en Madagascar, los casos de violación siguen sin denunciarse y los perpetradores a menudo son liberados debido al temor de las víctimas y sus familias a sufrir represalias”. estigmatización y falta de confianza en el sistema de justicia”.
Considera que “la aplicación de la castración química y quirúrgica, que constituye un trato cruel, inhumano y degradante, como castigo a los condenados por violación de menores no resolverá este problema y es incompatible con las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros malos tratos. , así como con las normas regionales e internacionales. estándares de derechos humanos.
El jefe de Amnistía Internacional propone que “las autoridades malgaches deben priorizar un enfoque centrado en los supervivientes, que empodere y permita a los supervivientes denunciar de forma segura sin miedo a la estigmatización y las represalias, responsabilice efectivamente a los perpetradores por sus acciones e introduzca las reformas necesarias en el sistema de justicia penal”. para garantizar que los sobrevivientes puedan acceder a justicia y recursos oportunos y, además, fortalece los esfuerzos de prevención para abordar y eliminar las causas profundas”.
Los casos de violencia sexual contra menores siguen aumentando en Madagascar y se presentan de diferentes formas. Los familiares y parientes de los niños víctimas cometen la mayoría de los actos de violación. Según estadísticas de UNICEF, el 80% de las violaciones son incestuosas.
