Ante la prensa en Kinshasa, el Ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de la República Democrática del Congo, Patrick Muyaya, y la Ministra de Justicia de este país, Rose Mutombo, presentaron el “volúmen II” de un “libro blanco” que documenta, según ellos, “la magnitud de la catástrofe”.
La primera versión, de diciembre de 2022, ya había “demostrado la agresión probada de la RDC por parte de Ruanda”, declaró Patrick Muyaya, quien habló de “pruebas irrefutables de las actividades criminales dirigidas por el ejército ruandés con sus auxiliares del M23”.
Los rebeldes del M23, pertenecientes al “Movimiento 23 de Marzo”, se apoderaron el año pasado de grandes extensiones de territorio en la provincia de Kivu del Norte, que aún hoy ocupan.
Desde el principio, en un contexto de tensas relaciones entre ambos países desde hace casi 30 años, Kinshasa acusó a Kigali de luchar junto a esta rebelión. Los expertos de la ONU han confirmado este apoyo, condenado por varias cancillerías occidentales pero que Ruanda aún no reconoce.
Para Kinshasa, el objetivo de Ruanda es “mantener inestable esta parte del país para continuar su labor de saqueo” de los recursos de la región, en particular de la minería.
El documento presentado el jueves, que “complementa” el anterior, resume las consecuencias de esta situación en términos “humanitarios, sanitarios, educativos, sociales, económicos, electorales”, detalló el portavoz del Gobierno.
