España anunció ayer viernes, en el Boletin Oficial del Estado, la nueva ley orgánica 1/2025 que viene a regular algunos artículos del antiguo reglamento 11/2013 sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Según este nuevo texto, quedan anulados los conocidos “Visa Golden”, concedidos a extranjeros con la finalidad de realizar grandes inversiones en el país.
La ley de emprendedores permitía solicitar un visado de estancia o residencia a los extranjeros que estaban dispuestos a adquirir una propiedad por más de 500.000 euros y cuya finalidad era atraer grandes patrimonios a España, realizar inversiones iniciales por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española o a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades españolas con una actividad real de negocio, fondos de inversión, fondos de capital riesgo o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
La antigua ley llevaba funcionando desde septiembre de 2013, y la nueva ley entrará en vigor el día 3 de abril de 2025. De acuerdo con los cambios, los visados y autorizaciones para inversores que tengan validez a la fecha de entrada en vigor de esta resolución provisional conservarán la vigencia durante el tiempo para el que hayan sido expedidos.
Además, se explica que la supresión de la ‘golden visa’ no afectará a los visados y autorizaciones solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pero en caso de renovación se hará mediante las condiciones establecidas en la nueva ley.
Según Transparency international, los Golden Visas vienen alertando sobre los graves riesgos de blanqueo de capitales, seguridad, fraude, crimen organizado, evasión fiscal y corrupción vinculados con los programas de ciudadanía y residencia por inversión, cuando no se han previsto en la regulación controles adecuados para la concesión de los mismos.
La ministra de Vivienda de España, Isabel Rodríguez, precisó en una rueda de prensa que, con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el acceso a la vivienda sea considerado “un derecho” y no “un mero negocio”.
