La flota pesquera pide a la UE el despliegue militar urgente en el golfo de Guinea para frenar la escalada de la piratería en la zona.

La flota de altura comunitaria agrupada en la patronal Europêche ha solicitado al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el despliegue urgente de efectivos militares en el golfo de Guinea para frenar la escalada de la piratería en la zona.

Los pescadores han recordado el deber de la UE de mantener el “Estado de Derecho en aguas extranjeras y proteger sus intereses marítimos estratégicos”.

Opagac ha señalado que en los últimos meses se han registrado dos intentos fallidos de secuestro en pesqueros comunitarios.

Además, en 2021 se contabilizaron 11 secuestros a bordo de buques extranjeros en aguas de África occidental con el resultado de 82 tripulantes retenidos y una víctima mortal, de acuerdo con Opagac, que representa a nueve empresas armadoras.

El sector pesquero reconoce en el escrito los esfuerzos comunitarios realizados en los últimos años para prevenir la piratería en el Golfo de Guinea, pero urge a la UE a “adoptar medidas de forma inmediata para garantizar la seguridad de la cadena de suministro en general y de las tripulaciones y las mercancías transportadas”

Para ello, ha reclamado el despliegue de fuerzas militares que “permitan aumentar la capacidad de respuesta ante los posibles incidentes, con la cooperación de la Agencia Europea de Defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Agencia Europea de Control de la Pesca y los Estados miembros, y en coordinación con los Estados costeros”.

Asimismo, los armadores han solicitado que la UE establezca “diálogos bilaterales y multilaterales” con los países costeros para fortalecer la cooperación en materia de defensa, el intercambio de información y el despliegue de operaciones navales conjuntas.

Opagac ha recordado que los atuneros españoles ya alertaron de este problema en junio de 2021, cuando suscribieron la “Declaración del Golfo de Guinea sobre la supresión de la piratería”, firmada por más de un centenar de empresas, organizaciones y estados de abanderamiento, que persigue la seguridad de los tripulantes que trabajan en la región y de los inversores.