El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido dar un paso firme en la depuración de la administración pública al anunciar el posible despido de 1.175 funcionarios debido a su absentismo laboral.
La medida ha sido acordada en una reunión celebrada este martes 26 de noviembre entre el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, y varios miembros del Ejecutivo, encabezados por el Primer Ministro Manuel Osa Nsue Nsua
Durante el encuentro, el Ministro de la Función Pública, Reforma Administrativa y Seguridad Social Cándido Muatetema Baita presentó los resultados finales de un exhaustivo censo realizado en los últimos meses, con el objetivo de actualizar la información sobre el personal al servicio del Estado. Según el informe, se ha censado un total de 19.586 funcionarios, aunque la Tesorería General del Estado reconoce actualmente a 22.387 funcionarios que están en nómina.
El absentismo laboral fue uno de los temas centrales de la reunión. Se identificaron 1.175 funcionarios cuyo paradero es desconocido y que no han justificado su inasistencia al trabajo. El vicepresidente Nguema Obiang Mangue señaló que se tomará acción en caso de que estos empleados no presenten pruebas válidas para justificar su ausencia. De no recibir las explicaciones pertinentes, los funcionarios en cuestión serán apartados de la administración pública y sus puestos serán ocupados por nuevos reclutados.
En relación con el absentismo, se ha determinado que los salarios de los funcionarios en paradero desconocido serán congelados hasta que se aclare la situación y se verifique la validez de sus justificaciones. Algunos de los afectados han señalado razones como problemas de salud o cambios de destino, pero el Gobierno ha encargado a la Función Pública la verificación rigurosa de estas justificaciones.
Además, el encuentro permitió abordar el tema de la duplicidad salarial en la administración pública, revelándose que existen 378 casos que serán revisados. En cuanto al pluriempleo, el Vicepresidente anunció que una comisión tiene hasta el viernes próximo para consultar con los afectados y definir qué empleo será el definitivo para cada uno de ellos, de manera que los puestos vacantes puedan ser ocupados por nuevos funcionarios.
Por último, se instó a verificar la situación de 44 funcionarios que podrían ser jubilados y a confirmar el fallecimiento de 115 funcionarios, lo que permitirá liberar esos puestos para el próximo proceso de reclutamiento en la administración civil del Estado.
Esta serie de medidas responde a un esfuerzo del Gobierno por mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública, asegurando que los recursos del Estado sean utilizados de manera adecuada y en beneficio del desarrollo del país.
