El Gobierno de Senegal cortó hoy el internet móvil en el país, sumergido en una crisis y un tenso clima de protestas tras el anuncio este sábado por parte del presidente Macky Sall del aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales originalmente previstas para el 25 de febrero.
El acceso a internet móvil fue suspendido esta mañana, según pudo constatar EFE, una medida que el Ministerio de Comunicación argumentó en un comunicado por la publicación de «numerosos mensajes de odio y subversivos difundidos en las redes sociales en un contexto de amenaza de alteración del orden público».
La medida fue tomada horas antes de que el Parlamento debata el controvertido proyecto de ley presentado por un partido opositor para fijar en seis meses el aplazamiento electoral y después del estallido ayer en Dakar de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que salieron a las calles para protestar contra la decisión de Sall.
Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos contra los manifestantes, que quemaron neumáticos y arrojaron piedras en diferentes puntos de la ciudad.
Después de la polémica desatada en torno a la lista definitiva de candidatos presidenciales y a pocas horas del inicio previsto este domingo de la campaña, Sall anunció el sábado en un discurso televisado que derogaba el decreto de convocatoria de las elecciones, lo que supone su aplazamiento de manera indefinida.
El jefe de Estado senegalés justificó la decisión por el “conflicto abierto en el contexto de un presunto caso de corrupción de jueces” y destacó que la Asamblea Nacional ha lanzado una investigación sobre el proceso de selección de candidaturas.
Sall atribuyó también la medida a “la polémica sobre una candidata cuya doble nacionalidad (francesa y senegalesa) fue revelada tras ser publicada la lista definitiva», algo que la Constitución senegalesa no permite a los aspirantes presidenciales.
El dirigente lanzó este mensaje sólo un día después de que el Partido Democrático Senegalés (PDS), del opositor Karim Wade, presentara una «proposición de ley» para pedir precisamente un retraso de la votación por «graves fallos intolerables» en el proceso electoral.
La inmensa mayoría de la oposición, sin embargo, se ha posicionado en contra del aplazamiento electoral y ha descrito la decisión de Sall como un «golpe de Estado constitucional».
