El Tribunal Supremo de Francia confirmó una sentencia definitiva ayer miércoles que condena al expresidente Nicolás Sarkozy a un año en arresto domiciliario con brazalete electrónico por los delitos corrupción y tráfico de influencias, cometidos en el periodo de su mandato entre 2007 y 2012.
La propuesta era que el expresidente debía integrase en una cárcel durante tres años, pero fue reducido a un año. Sarkozy es el primer ex presidente francés que se ingresa en arresto domiciliario en toda la historia política del país.
Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario.
Desde que fue derrotado por Farnçois Hollande en las elecciones de 2012, Nicolás Sarkozy ha sido perseguido por la justicia hasta el día de hoy, a pesar de una gran influencia en la derecha francesa y mantener contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron.
El expresidente francés es investigado desde más de diez años por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el ‘caso Bismuth’, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.
Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado.
Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco.
También fue acusado por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del Gobierno libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico. Y en este juicio propuesto el día 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.
