Siguen saliendo informaciones en el marco del juicio del caso SEGESA que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Malabo, donde se acusa a un total de 23 empleados y exempleados de esta firma para estatal por los delitos de desvío de fondos generales, abuso de funciones, apropiación indebida, exoneración y condonación indebida de deudas, entre otros.
Ya en la fase de interrogación, cuatro de los implicados han prestado declaración para responder a las preguntas del Ministerio Público, la Abogacía del Estado, la defensa y la Mesa. Se trata del exdirector financiero de Bata y el de Malabo, la Jefa de Agencias y el Cajero Central, ambos con jurisdicción en la Región Continental.
Lucas Esono Eyene, formó parte de SEGESA en 2015 y en 2021 fue ascendido a jefe financiero en la Región Continental. Según sus declaraciones, su función en la empresa le impedía tener contacto físico con el dinero, ya que lo único que hacía era tramitar los documentos autorizados al pagado. “Lo que más nos interesa es asegurarse de que los documentos que llegan a nosotros para ser tramitados al pago que estén autorizados, ya sea por el coordinador general o por director general”, ha señalado.
Lucas ha explicado la existencia de una caja en efecto que sirve para sufragar “gastos puntuales” que necesitan una reacción inmediata, y ha explicado que durante su gestión, esta caja fue surtida solo en dos meses con un importe de 20 millones XAF por mes, es decir un total de 40 millones, cuando en realidad se debía surtir todos los meses desde el Ministerio de Hacienda.
Ante esta situación, el interrogado ha explicado que, cuando llegaban gastos puntuales y la caja estaba sin fondos, informaba a la dirección general y ésta a su vez solicitaba el suministro de fondos por cualquier agencia de la periferia a través de un envíos mediante agencias de envíos expresss, como RosaMoney, por citar un ejemplo. Lucas argumenta que esta orden no venía de él, sino de sus superiores, es decir, el director general y el coordinador regional.
El exjefe financiero de la parte continental ha aclarado que es por ley que la empresa pague el 50% del alquiler de vivienda de los empleados desplazados. “Es una normativa interna que cuando la empresa desplaza a un empleado a una región que no es su zona habitual lo que hace la empresa es pagarle la vivienda, en la mayoría de los casos no suele ser el total, sino el 50% del coste de alquiler de su vivienda”, ha indicado, asegurando que es una cuestión oficial, porque cada persona que goza de este derecho se le extiende un documento.
El siguiente en prestar declaración ha sido Carlos Ndong, quien ingresó en SEGESA en 2015 y fue jefe financiero de la Región Insular desde 2020 hasta 2023. Carlos ha declarado que las empresas de mantenimiento firmaban un contrato con la empresa SEGESA y en estos contratos no se determinaba si el importe acordado incluía en IVA, momentos después algunas empresas se mantenimiento presentaron quejas, alegando que según la ley de impuestos del momento le correspondía a la empresa que necesita los servicios pagar el IVA, lo cual, bajo la autorización del director general de SEGESA, Juan Lupercio Nsibi Omogo, se volvió a aumentar un incremento de 15% sobre el valor establecido para que la empresa hiciese cargo de este Impuesto sobre Valor Añadido. Caso concreto fue la empresa Talleres Ondo Ondo, quienes habían acordado estar recibiendo 5 millones XAF por los servicios, pero según la firma, el IVA les costaba 750 mil XAF y se quedaban con 4 millones 250 mil XAF, razón por la cual acudieron a SEGESA para reclamar que el importe pactado no está llegando íntegramente. A raíz de esta situación, la dirección general de SEGESA tomó la decisión de incrementar otros 750 mil XAF para talleres Ondo Ondo, y estarían recibiendo mensualmente un importe de 5 millones 750 mil XAF.
Carlos ha aclarado que en el momento de firma de los contratos nunca estuvo presente el departamento financiero, ya que estos figuraban sin aclaración si el importe total incluía el porcentaje de la IVA.
Grosso modo, varias empresas de mantenimiento recibían la cuota del IVA aparte, ya que no se establecía en el contrato, mientras que otras pagaban el IVA dentro de la tarifa establecida mensualmente.
La Abogacía del Estado han considerado este hecho como “duplicidad de pago bajo un mismo concepto”, justificando que los montos en sí ya eran exagerados, independientemente de si los servicios realizados al mes correspondían a lo pagado. Por lo que, se podía incluir el IVA dentro de la tarifa pactada, en este caso, la opción sería que, por ejemplo, el caso de talleres Ondo Ondo le correspondería 4 millones 250 mil y los 750 mil XAF se usarían para soportar el IVA. O en su caso, se debía cambiar el contrato incluyendo los 5 millones de la tarifa y los 750 mil XAF del IVA.
El procesado ha declarado también que los gastos de funcionamiento o gastos para el director general, los cuales Juan Lupercio Nsibi Omogo tenía asignado mensualmente que era alrededor de 2 millones XAF existía con otros directores geberales precedentes.
La otra que ha declarado ha sido Ana María Mangue, quien ingresó en SEGESA en 2010 y desde 2020 fue ascendida a jefa de agencias de la Región Continental. Ha explicado que su rol era coordinar todas las agencias de la Región Continental. Explica que llegó un momento en el cual en la caja en efectivo ya no llegaba los 20 millones XAF mensuales para gastos puntuales, entonces sus jefes idearon la estrategia de que si la caja está vacía y hay una necesidad puntual, entonces ella hacía una llamada a un administrador de cualquier agencia de la periferia para saber si tienen fondos, y en caso de que tengan suficiente dinero, debían hacer un envío express, ya sea por Rosa Money o Pac Money, al Cajero Central, para que éste a su vez cumpla con los gastos puntuales pendientes, es decir, los más urgentes. “ El coordinador regional o el director general me llamaba y me decía que llame a cualquier agencia que tenga dinero, porque urge necesidad en la caja, cojo el teléfono y llamo a cualquier agencia”, ha contado.
Ana María explica que la manera de verificar el cumplimiento de ésto era a través de una captura del mensaje enviado por el administrador de la agencia tras realizar la transferencia al cajero en Bata y éste a su vez llamaba al cajero para confirmar la entrada del dinero.
La ex jefa de agencias ha indicado que cuando no había necesidad en la caja en efectivo, los fondos recaudados por las agencias de la periferia se ingresaban en la cuenta oficial de SEGESA en BANGE, y asegura que las transferencias exprés solo se hacían cuando hay alguna urgencia y la caja en efectivo estaba vacía. Estas salidas las autorizaban sus jefes superiores.
Canuto Ela Nvo, Cajero Central de la Región Continental, ha corroborado la información de Ana María, aseverando que los ingresos enviados a través de las agencias de envíos eran órdenes desde los superiores para solucionar gastos urgentes, ya que hacía mucho tiempo que no se ingresaban los 20 millones XAF para la caja en efectivo. Canuto explica que en ningún momento alguien pudo hacerse con esos fondos, debido a la transparencia que se imprimía en esta tramitación.
El exCajero Central ha reconocido haber desbloqueado fondos para una persona que salía de Malabo, cerca de 4 millones XAF para la paga de unas cerraduras, pero explica que el señor tenía un documento autorizado por el director general y volvió a llamar a éste para confirmar y le dijo que debía entregar el dinero al señor.
Canuto ha garantizado que en ningún momento ni bajo ni concepto podía rechazar a obedecer las órdenes o documentos firmados por sus jefes, pero que sí, ningún de ellos se acercó a él para coger un dinero en metálico desde la caja. Y ha aclarado también que en SEGESA para que un dinero salga o entre debe haber autorización del director general o el coordinador Regional, ya que son los únicos que tienen orden de pago.
El juicio continuará mañana a las 10:00h en la Audiencia Provincial de Bioko Norte, bajo la presidencia de Simon Ngomo Mibuy, con la segunda fase de interrogatorio para aquellos que hasta ahora no han prestado declaración.