El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha fijado las elecciones legislativas para el próximo 24 de noviembre después de disolver el Parlamento tras denunciar un intento de golpe por parte de miembros de la Guardia Nacional que buscaban liberar por la fuerza a dos altos cargos del Gobierno detenidos por presunto fraude.
«Quien no esté de acuerdo puede apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia», ha señalado desde el Aeropuerto Internacional Osvaldo Vieira momentos antes de partir hacia China, según ha recogido la cadena de radiodifusión nacional.
El presidente, que ha indicado que el anuncio se hace «de conformidad con la Constitución», informó en diciembre de 2023 de la disolución del Parlamento tras una reunión con el Consejo de Estado. Varios partidos han argumentado que se deberían celebrar elecciones presidenciales, ya que el mandato de Sissoco Embaló finaliza en febrero de 2025.
La intentona golpista provocó un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial en las calles de la capital, Bissau. Tras liberar al ministro de Economía y Finanzas, Suleiman Seidi, y al secretario del Tesoro, Antonio Monteiro, los implicados fueron reducidos por las fuerzas presidenciales.
El ministro Seidi y el secretario Monteiro proceso relacionado con pagos a empresarios. Estos arrestos provocaron tensiones en Bissau, la capital, lo que llevó al presunto golpe, por el que se detuvo al comandante de la Guardia Nacional, Víctor Tchongo.
Sissoco Embaló ganó unas disputadas elecciones presidenciales como candidato del Movimiento para la Alternancia Democrática, una formación escindida del principal partido del país y actual socio mayoritario de la coalición del Gobierno, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV). Esta disonancia ha generado una enorme inestabilidad política en el país africano.El presidente sospecha sobre lo ocurrido como un conflicto derivado de la situación política actual, dado que Guardia Nacional está al servicio del Ministerio del Interior –que controla el PAIGCV, mientras que las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial protegen al presidente.
