Este viernes, 08 de enero, se ha mantenido una reunión en la sede del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales entre las Autoridades del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía General de la República con los representantes de las diferentes confesiones religiosas. El encuentro surge a raíz de las numerosas quejas y denuncias de varios ciudadanos que habrían recibido algunas Autoridades gubernativas sobre la conducta y praxis de algunas confesiones religiosas.
La reunión estaba copresidida por el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, y por el Ministro-Delegado de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Juan Olo Mba Nseng. En el encuentro se ha llamado la atención a las diferentes confesiones religiosas sobre algunas prácticas o ritos que llevan a cabo, sobre todo aquellas que perturban el orden público, que son comportamientos no apropiados o que constituyen asociaciones ilícitas. También se ha resaltado la realización de prácticas que empobrecen aun más a los ciudadanos y a las familias, como el diezmo abusivo u obligaciones que deben cumplir como feligreses con respecto a sus Pastores.
Se ha dado un plazo de 15 días para que las confesiones religiosas que realizan sus actividades en la clandestinidad y no disponen en consecuencia de las autorizaciones requeridas para que regularicen su situación, y para aquellas que dispongan de las correspondientes autorizaciones, si ya han expirado, que las renueven o actualicen. Pasado este plazo, se procederá al cierre en todo el territorio nacional de todas las confesiones religiosas no legalizadas.
Juan Olo Mba Nseng ha resaltado durante el encuentro que en las denuncias recibidas de los ciudadanos se resaltan prácticas como «estafas, abusos sexuales, rituales inapropiados, incitación a la violencia entre padres e hijos, divisiones y separaciones, alteración del orden público, usurpación de bienes, intimidación y muchas otras cosas». Además, ha indicado que el Gobierno tomará medidas drásticas contra estos comportamientos y aquellos que sean delictivos serán denunciados ante las autoridades judiciales para que se depuren responsabilidades a los infractores.
El Fiscal General de la República ha informado que se perseguirá a aquellas personas que encarnan estas iglesias que realizan las prácticas inadecuadas o delictivas antes indicadas, porque se está observando que «cada vez más las familias se empobrecen porque se ven con el yugo de obligaciones que no se sabe de donde emanan».
