Bélgica ha puesto en marcha desde este pasado domingo una nueva normativa que otorga a las trabajadoras sexuales plenos derechos laborales, incluidos seguro médico, vacaciones, bajas y pensiones.
La ley, que se aprobó tras la despenalización del trabajo sexual en 2022 y que para algunos es una «revolución», también establece derechos fundamentales para las trabajadoras sexuales, incluido el derecho a rechazar clientes, elegir sus prácticas y detener un acto en cualquier momento.
Según la nueva normativa, las trabajadoras sexuales tendrán acceso a seguro médico, bajas remuneradas, prestaciones de maternidad, ayudas por desempleo y pensiones. La legislación también establece normas sobre horas de trabajo, remuneración y medidas de seguridad.
«Es un gran paso adelante», afirmó Isabelle Jaramillo, coordinadora de Espace P, un grupo de defensa de los derechos en el sector de la prostitución que participó en la redacción de la ley. «Significa que el Estado belga finalmente podrá reconocer su profesión como legítima. Desde el punto de vista del empresario, esto también será una revolución», agregó.
Según Jaramillo, «con la legislación anterior, contratar a alguien para el trabajo sexual te convertía automáticamente en proxeneta, incluso si el acuerdo era consensual», por lo que ahora habrá que solicitar una autorización estatal para contratar a estas trabajadoras. Y no solo eso, los empresarios deberán cumplir estrictos protocolos de seguridad y requisitos de antecedentes, incluida la falta de condenas previas por agresión sexual o trata de personas . También tendrán que proporcionar ropa de cama limpia, condones y productos de higiene, e instalar botones de emergencia en los espacios de trabajo.
Abordar el estigma
Por otro lado, el trabajo sexual independiente sigue estando permitido, pero la contratación no regulada por terceros o las violaciones del marco legal serán perseguidas. Según el periódico belga Het Laatste Nieuws, se espera que unas 5.000 trabajadoras sexuales trabajen con contrato laboral.
En este sentido, los críticos de la norma argumentan que la ley no puede abordar plenamente el estigma y los riesgos asociados al comercio, especialmente para las trabajadoras sexuales indocumentadas. «Aún queda mucho trabajo por hacer», dijo Jaramillo, haciendo énfasis en la necesidad de una mejor capacitación policial y judicial para proteger a los trabajadores marginados.
Si bien países como Alemania y los Países Bajos han legalizado el trabajo sexual, ninguno ha implementado protecciones laborales tan amplias como las de Bélgica.
