Fracaso y giro dramático para Vincent Bolloré, el multimillonario francés pensó escapar de un juicio en París por corrupción en Togo admitiendo su culpabilidad y pagando una multa de 375.000 euros, pero un juez se negó este viernes a validar este acuerdo, estimando «necesario» que sea juzgado en correccional.
Vincent Bolloré, Gilles Alix, director gerente del grupo Bolloré y Jean-Philippe Dorent, director internacional de la agencia Havas, subsidiaria de Bolloré, habían aceptado comparecencia previa admisión de culpabilidad (CRPC, una especie de «declaración de culpabilidad» a la francesa) y el pago de una multa de 375.000 euros.
«Grave ataque» contra «el orden público económico y la soberanía de Togo»
Pero durante la audiencia, el juez se negó a aprobar esta CRPC, por considerar que las sentencias eran «inadecuadas» por la gravedad de los hechos alegados y por considerar que era «necesario que fueran juzgados» por un tribunal correccional. Los hechos «socavaron gravemente el orden público económico» y «la soberanía de Togo», declaró el juez.
Ahora le toca a un magistrado ordenar o no un juicio para los acusados Bolloré, Alix y Dorente.
Una multa de 12 millones de euros
Por otro lado, el juez convalidó el acuerdo judicial de interés público (CJIP) dirigido al grupo Bolloré, que prevé una multa de 12 millones de euros. La empresa se ha comprometido a pagar esta multa «al erario público en un plazo de diez días», informó la Fiscalía Financiera de la Nación en un comunicado de prensa.
A esta multa se suma la provisión de 4 millones de euros para cubrir el coste de un programa para cumplir con la normativa de la agencia francesa anticorrupción (AFA), que realizará un seguimiento durante dos años, en los términos de la CJIP. Si se cumplen las condiciones, el final del proceso será definitivo.
Los acusados admitieron los hechos
Durante la audiencia, el holding y los señores Bolloré, Alix y Dorente reconocieron haber utilizado las actividades de asesoramiento político de la filial de Havas para obtener la gestión de los puertos de Lomé, en Togo, y de Conakry, en Guinea, a través de otra de sus filiales, Bolloré África Logistics, antes denominada SDV.
SDV había obtenido la gestión del puerto de Conakry unos meses después de la elección a la presidencia de Guinea de Alpha Condé a finales de 2010, y había ganado la concesión en Lomé poco antes de la reelección en 2010 en Togo de Faure Gnassingbé, que entonces fueron asesorados por Havas.
A finales de 2013 se abrió una investigación judicial por «cohecho de un funcionario público extranjero, abuso de confianza y complicidad en abuso de confianza» cometidos entre 2009 y 2011. Se ha cancelado la acusación de los protagonistas por algunos de los delitos relacionados con Guinea por el Tribunal de Apelación de París en junio de 2019, por prescripción.
