Esta política solo se aplicaría a inmigrantes ilegales acusados de delitos capitales, tales como «asesinato, traición, genocidio o secuestro de funcionarios». Simplemente ser un inmigrante indocumentado no será motivo suficiente para enfrentar la pena de muerte.
La nueva fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha emitido un memorando que busca revivir la pena de muerte federal, especialmente en casos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos como el asesinato de agentes de la ley o delitos capitales cometidos por extranjeros sin estatus legal en EE. UU.
El memorando de Bondi busca implementar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que revierte la moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta durante el mandato del expresidente Joe Biden. En 2021, el entonces fiscal general Merrick Garland suspendió las ejecuciones federales tras un aumento significativo de las mismas, que se reanudaron durante el primer mandato de Trump después de 17 años.
La nueva directriz de Bondi anula la decisión de Garland y pide al Departamento de Justicia de EE.UU. ejecutar las sentencias de muerte dictadas por tribunales federales, especialmente en casos «más graves y fácilmente demostrables». El documento establece que el asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un inmigrante ilegal en EE. UU. serán circunstancias agravantes que justificarán la pena de muerte, a menos que existan circunstancias atenuantes importantes.
Además, Bondi restablece una política de 2018 del exfiscal general Jeff Sessions que indicaba que los fiscales deberían solicitar la pena de muerte en casos de delitos relacionados con drogas si las circunstancias lo permitían. Esta política también se aplicará a los delitos capitales cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
Cabe señalar que esta política solo se aplicaría a inmigrantes ilegales acusados de delitos capitales, tales como asesinato, traición, genocidio o el asesinato o secuestro de funcionarios gubernamentales de alto rango, como congresistas, el presidente o jueces de la Corte Suprema. El simple hecho de ser un inmigrante indocumentado no será motivo suficiente para enfrentar la pena de muerte.
