El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue trasladado este pasado lunes a una celda de aislamiento en el Centro de Detención de Seúl, después de que un tribunal aprobara prolongar su arresto oficial.
La decisión responde a las acusaciones en su contra por declarar unilateralmente la ley marcial a principios del pasado mes de diciembre 2024, un acto que generó una crisis política en el país.
Yoon, destituido por el Congreso el pasado 14 de diciembre, permanece bajo custodia mientras el Tribunal Constitucional delibera si ratifica su cese o lo restituye en el cargo. Según fuentes penitenciarias citadas por Yonhap, el expresidente cooperó plenamente durante el procedimiento, permitiendo la toma de una fotografía policial y sometiéndose a un examen médico.
“Restricciones y medidas de seguridad”
Bajo las nuevas condiciones, Yoon sólo podrá recibir visitas de sus abogados. La decisión de mantenerlo aislado responde a preocupaciones de seguridad, especialmente tras el intento de sus seguidores de tomar por asalto el tribunal que prolongó su arresto.
El director del Servicio Correccional surcoreano confirmó que se ha reforzado la vigilancia en el centro de detención y sus alrededores, en colaboración con la policía y el Servicio de Seguridad Presidencial.
“Contexto y controversia”
El expresidente defendió su decisión de declarar la ley marcial como un «acto de gobernanza» destinado a advertir a la oposición, a la que acusó de actividades «antiestatales». Sin embargo, este movimiento fue considerado por muchos como un abuso de poder que puso en riesgo la estabilidad democrática del país.
La prolongación del arresto permite a los investigadores mantener a Yoon bajo custodia hasta por 20 días, incluyendo los ya transcurridos desde su detención el 15 de enero. Mientras tanto, la situación ha intensificado las divisiones en Corea del Sur, con manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo al mandatario destituido.
El desenlace de este caso será crucial para definir el rumbo político de Corea del Sur, un país que atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos de gobernabilidad y confianza en sus instituciones democráticas.
