El Parlamento Europeo ha solicitado este jueves 13 de febrero, en Estrasburgo, la suspensión inmediata de la cooperación de la Unión Europea (UE) con Ruanda en materia de recursos naturales, debido a las acusaciones de que el país apoya al grupo rebelde M23 que opera en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
Con 443 votos a favor y solo 4 en contra, la resolución representa una «victoria» para el eurodiputado Marc Botenga, quien ha liderado la campaña contra el acuerdo firmado en febrero de 2024. Según Botenga, esta medida busca presionar a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales para que tomen acciones concretas y no sean cómplices de una guerra que dura casi tres décadas.
El eurodiputado Mounir Satouri, del grupo Verde y presidente de la comisión de Derechos Humanos, aseguró que la asociación con Ruanda era «indefendible desde el principio».
Naciones Unidas ha confirmado que el M23 obtiene aproximadamente 800.000 dólares al mes mediante impuestos ilegales sobre el comercio y transporte de minerales raros con destino a Ruanda.
La resolución del Parlamento Europeo exige no solo la suspensión del acuerdo, sino también el congelamiento de la ayuda financiera directa a Ruanda hasta que permita el acceso humanitario y rompa lazos con el M23. Además, solicita la interrupción de la asistencia militar y de seguridad a las fuerzas armadas ruandesas y plantea la posibilidad de sanciones contra altos mandos del ejército de Ruanda.
El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévôt, también ha solicitado sanciones contra Ruanda, lo que aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Paul Kagame.
Esta decisión supone un nuevo punto de inflexión entre RDC y la UE. Kinshasa había acusado a la UE de facilitar el saqueo de sus recursos naturales mediante el acuerdo con Ruanda.
