Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, será juzgado a partir de este lunes en el Tribunal de París por supuestamente haber aceptado financiación ilegal de campaña proveniente del régimen del fallecido presidente libio Muamar al Gadafi.
Las acusaciones giran en torno a un supuesto pacto que habría permitido a Sarkozy recibir 50 millones de euros para su campaña presidencial de 2007, una cifra que duplica el límite permitido por la ley francesa.
La fiscalía sostiene que Sarkozy y su equipo se comprometieron a ayudar a rehabilitar la imagen internacional de Gadafi tras años de aislamiento global, aunque el expresidente ha negado las acusaciones, calificándolas de una «conspiración sin fundamentos».
De ser hallado culpable, el exmandatario francés podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión.
El juicio se produce tras más de una década de investigaciones iniciadas en 2012, cuando surgieron denuncias de antiguos colaboradores de Gadafi y documentos filtrados que sugerían el supuesto acuerdo.
Entre los otros procesados se encuentran figuras cercanas a Sarkozy, como su exministro del Interior, Claude Guéant, y su jefe de campaña, Eric Woerth.
El abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, ha reiterado la inocencia de su cliente y asegura que no existe evidencia concreta que pruebe la transferencia de dinero libio. «Se trata de una construcción artificial de la fiscalía», afirmó.
Este nuevo juicio agrava los problemas legales de Sarkozy, quien ya ha sido condenado dos veces en casos distintos desde que dejó el poder en 2012. En diciembre pasado, el tribunal de apelación de Francia confirmó una sentencia de un año de prisión por tráfico de influencias, que cumplirá bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica.
El proceso actual, que se extenderá hasta abril, es seguido con atención en Francia y el extranjero debido al impacto político y diplomático que tuvo la relación entre el régimen de Gadafi y el gobierno francés durante el mandato de Sarkozy.
