Sierra Leona aprueba la abolición de la pena de muerte

«Hoy, he cumplido un compromiso de gobernanza de abolir permanentemente la pena de muerte en Sierra Leona. Agradezco a los ciudadanos, los miembros del Parlamento, los socios para el desarrollo y los grupos de Derechos Humanos que nos han apoyado firmemente para hacer historia», ha declarado el presidente, Julius Maada Bio, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La antigua colonia británica se encunentra devastada por la pobreza y por la guerra civil de 1991-2002 que se cobró 120.000 vidas. En 2006, una comisión de la verdad y la reconciliación creada para investigar el conflicto pidió la abolición de la pena de muerte, al entender que se trataba de «una afrenta a la sociedad civilizada».

Las autoridades han adoptado esta decision dos meses después de que Malaui declarara la pena de muerte como inconstitucional en abril. Chad la abolió en 2020 y un año antes, el tribunal africano de Derechos Humanos dictaminó que la imposición obligatoria de la pena de muerte por parte de Tanzania era «evidentemente injusta».

La pena de muerte es un legado de la era colonial amparado en vetustas leyes y reservado a personas condenadas por asesinato en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, robo con agravante en virtud de la Ley de Hurto de 1916 o la Ley de las Fuerzas Militares de 1961, apunta el diario ‘Sierra Leone Telegraph’.

En Sierra Leona existe una moratoria ‘de facto’ sobre el uso de la pena de muerte desde 1998, después de que el país ejecutara a 24 soldados por su presunta participación en un intento de golpe el año anterior.

Tal y como apuntaron en su momento diputados como Hindolo Moiwo Gevao durante el debate en el Parlamento, varios líderes sierraleoneses habían empleado esta herramienta para eliminar a opositores políticos como Mohamed Sorie Fornah, condenado en los años 70 por traición, o Kula Samba, ejecutada a finales de los años 90.

En África subsahariana, el año pasado, los investigadores de la ONG Amnistía Internacional registraron una caída del 36% en las ejecuciones en comparación con 2019, de 25 a 16. Las ejecuciones se llevaron a cabo en Botsuana, Somalia y Sudán del Sur.