El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá toda la financiación futura a Sudáfrica debido a acusaciones de confiscación de tierras y presunta discriminación contra “ciertas clases de personas», según ha informado la BBC New este lunes 3 de febrero.
La medida surge después de que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, promulgara una ley que permite la expropiación de tierras sin compensación en determinadas circunstancias.
La propiedad de la tierra ha sido un tema controvertido en Sudáfrica desde el fin del Apartheid, ya que la mayoría de las tierras agrícolas privadas siguen en manos de personas blancas. La reforma agraria ha sido una demanda constante para corregir las injusticias históricas de segregación racial.
Ramaphosa respondió a Trump a través de la red social X, asegurando que Sudáfrica es una democracia constitucional basada en el estado de derecho y que “el gobierno sudafricano no ha confiscado ninguna tierra”. También destacó que la única asistencia que recibe el país de EE.UU. proviene del programa de salud Pepfar, que financia parte de la lucha contra el VIH/SIDA.
Según datos del gobierno estadounidense, en 2023 Sudáfrica recibió aproximadamente 440 millones de dólares en asistencia.
Elon Musk, empresario de origen sudafricano y actual asesor de Trump, también se pronunció sobre el tema, criticando la ley y acusando al gobierno sudafricano de implementar políticas de propiedad “abiertamente racistas”. En una publicación en X, preguntó directamente a Ramaphosa: “¿Por qué tienen leyes de propiedad racistas?”.
Trump reafirmó su postura en su red social Truth, donde escribió: “¡Cortaré toda la financiación futura a Sudáfrica hasta que se realice una investigación completa sobre esta situación!”. Posteriormente, en una conferencia de prensa, acusó a las autoridades sudafricanas de realizar “acciones terribles” y sugirió que la expropiación de tierras podría ser solo el inicio de problemas más graves.
La nueva ley permite la expropiación sin compensación únicamente en circunstancias consideradas “justas y equitativas”, como cuando una propiedad está abandonada, sin intención de desarrollo o representa un riesgo para la comunidad. Hasta ahora, la reforma agraria en Sudáfrica se basaba en el principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto”, un proceso que ha sido criticado por su lentitud.
Algunos sectores han manifestado preocupación por el impacto de esta ley en la economía, recordando el caso de Zimbabue, donde políticas similares provocaron una crisis económica y la fuga de inversiones. AfriForum, una organización que defiende los intereses de la población afrikáner blanca, pidió modificaciones en la ley para garantizar la protección del derecho a la propiedad. No obstante, rechazó la amenaza de Trump de retirar fondos, argumentando que las sanciones deberían dirigirse a los líderes del Congreso Nacional Africano (ANC), el partido gobernante, y no a los ciudadanos sudafricanos.
Trump ya había criticado a Sudáfrica en su primer mandato, ordenando a su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, investigar supuestas confiscaciones de tierras y ataques a agricultores. En aquella ocasión, el gobierno sudafricano calificó sus declaraciones de “mal informadas” y lo acusó de intentar avivar la división racial.
