Esta iniciativa legislativa ha sido analizada en unas de las deliberaciones llevadas a cabo este jueves en el seno de la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas, Transportes, Minas y Comunicaciones, bajo la moderación del Presidente, Doctor Salomón Nguema Owono.
La Cámara de los Diputados ha comenzado con el análisis del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para establecer las cuotas y tarifas de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en la República de Guinea Ecuatorial.
Los motivos expuestos para la presentación de este documento, según ha indicado el Ejecutivo, están relacionados con el marco del plan de desarrollo socioeconómico adoptado después de la segunda y tercera Conferencia Económica Nacional, ya que se han realizado grandes inversiones en el sector de infraestructuras, llevando a cabo la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional, todo ello para garantizar el suministro de ese líquido vital en cantidad y en calidad.
Los gastos de explotación, operación y mantenimiento de dichas infraestructuras hasta el momento siguen siendo subvencionados en su totalidad por el Gobierno sin contribución alguna por parte de la población, lo que constituye un gasto considerable y sin opciones para rentabilizar, ampliar, mantener y mejorar la gestión de dichas infraestructuras.
Por lo tanto, para alcanzar una de las metas del Programa Nacional de Desarrollo “Agua para todos”, es necesario implementar cuotas y tarifas para los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Y por ello, el Gobierno presenta esa iniciativa legislativa, con el objetivo también de garantizar la buena gestión de esas infraestructuras.
Las cuotas y tarifas previstas en ese proyecto de ley son de aplicación general en todo el ámbito nacional, y se clasifican atendiendo a la categoría de consumo de agua, el tipo de actividad que se desarrolle, así como el caudal que se gaste en dicho consumo y saneamiento.
Los diputados también consideran que debe haber alguna contribución de la población beneficiaria del abastecimiento público de agua para el mantenimiento de esas infraestructuras, por eso califican de pertinente ese proyecto de ley, pero han pedido aclaraciones sobre las tarifas que serán aplicadas, los sistemas de pagos que se prevé implementar, a la vez que han querido saber si habría diferentes tarifas, según la categoría de cada ciudad o localidad y el nivel de ingresos que espera obtener el Gobierno con la aplicación de la futura disposición.
Para aclarar esas inquietudes, el Ministro de Estado de Obras Públicas y Urbanismo Clemente Ferreiro Villarino ha informado que se ha creado mediante Decreto Presidencial una Empresa Nacional de Agua (ENAGE), que se encargará de la recaudación de los ingresos derivados de esos servicios públicos, y se encargará igualmente de la gestión y el mantenimiento de las plantas e instalaciones de abastecimiento de agua potable construidas en todo el país.
Esa empresa nacional también se encargará de implementar mecanismos para la rentabilización de las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, la planificación, el diseño, la construcción y ampliación de esas instalaciones, según los programas de desarrollo del Gobierno y podrá subcontratar a otras empresas para la prestación de esos servicios.
En cuanto a las cuotas y la modalidad de los pagos, Clemente Ferreiro Villarino ha asegurado que las tarifas previstas serán las más bajas de la subregión y, ante el coste que supone la instalación de un sistema de contadores, se propone en la primera fase el sistema «iguala», según el tipo de uso y el diámetro de la tubería de cada conexión, por eso se hará un censo de todas las conexiones ya existentes, que se calculan en 70 mil en todo el ámbito nacional.
Por otra parte, los Representes del Pueblo han planteado la necesidad de que existan en el país laboratorios para garantizar la calidad del agua potable, y se han interesado sobre la forma en que se aplicarán esas tarifas en el ámbito rural, cuestiones que igualmente han sido aclaradas por la delegación del Gobierno, indicando que, con ese proyecto de ley, se trata de alcanzar un equilibrio entre la sostenibilidad de esos servicios públicos y el bienestar social.
