El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.
«Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción», manifestó en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció ayer miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por las investigaciones sobre el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán.
«Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción», afirmó en una rueda de prensa el jefe de la diplomacia estadounidense.
Pompeo también anunció sanciones contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.
Ya en junio, el presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó sanciones económicas contra los funcionarios que investigasen a tropas de su país o sus aliados.
Pompeo lanzó una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: «Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados», avisó. Y especificó que el Departamento de Estado ya ha restringido la emisión de visados para quienes están implicados en las investigaciones de la CPI contra tropas estadounidenses.
El desencadenante de las sanciones tiene como origen el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán. El pasado marzo, los jueces autorizaron una investigación que había solicitado Bensouda por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército estadounidense, grupos talibanes y autoridades afganas.
Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos) y fundada en 1998. Sin embargo, hasta ahora Washington se había limitado a ignorarla y nunca antes una Administración había adoptado una actitud tan beligerante con la imposición de sanciones. Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha impulsado una agenda exterior de marcado nacionalismo y aislacionismo, así como un rechazo explícito al sistema multilateral.
Preocupación en la ONU
La ONU dijo ayer miércoles que ha tomado nota “con preocupación” del anuncio de EE. UU. y avanzó que se están analizando las posibles consecuencias.
“Continuamos siguiendo de cerca los desarrollos en este asunto”, señaló a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric, que apuntó que en concreto se está estudiando “cualquier posible implicación” para el acuerdo que regula la cooperación entre la CPI y Naciones Unidas, un documento aprobado en 2004 por la Asamblea General.
Dujarric dijo que la organización confía además en que cualquier restricción impuesta por EE.UU. a personal de la Corte con sede en La Haya se implemente respetando las obligaciones que el país tiene como anfitrión de la ONU. Entre otras cosas, esos convenios señalan que las autoridades estadounidenses deben facilitar el acceso a la sede central de Naciones Unidas en Nueva York.