Francisco Moro Nvé, abogado del Estado y Óscar Beseku Eñeso, Magistrado - Juez

Este jueves 6 de agosto, en representación del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, el jurista Francisco Moro Nvé y el Cuerpo Especial de defendidos se han acercado ante el juzgado de Instrucción N° II de Malabo, que representa Óscar Beseku Eñeso, para que reconozca el equipo de trabajo que llevara el caso de desvíos de timbres del Estado en la bóveda de la Tesorería.

“La comisión jurídica de los abogados del Estado se personan aquí del caso que pende contra ciertos funcionarios de la administración General, por un delito de malversación de fondos públicos. De hecho, la abogacía del Estado comparece por primera vez como acusación particular para defender los intereses generales de Estado”, señala Francisco Moro Nvé, abogado del Estado. 

“Así mismo intervenimos para garantizar  un proceso con transparencia, para evitar ciertas injerencias fácticas  a los jueces y a los  fiscales. Nuestro cliente es el Estado, nos hemos visto con el juez para que sepa que ya formamos parte de este proceso para defender los intereses de la República de Guinea Ecuatorial”, decía.

“Los bienes del estado han sido malversados, de hecho interviene la abogacía”, concluía. 

Según los artículos 2 y 3 de la ley N° 2/2011 de fecha 14 de julio por la que se creó el cuerpo Especial de los abogados del Estado, éstos han comparecido este jueves ante el juzgado de Instrucción N° II de Malabo para hacer saber a la opinión pública que forman parte en la demanda que pende a  funcionarios públicos afectados a la Tesorería General del Estado en prejuicio de la administración general del mismo.

Visto el escrito N°691 de fecha 27 de julio de 2020 procedente de la Fiscalía General, en el cual se insta al Ministerio de Justicia, culto e Instituciones Penitenciarias designar a los abogados del Estado que van a representar al Estado en el proceso penal de desvíos de timbres del Estado, objeto de tramitación en el juzgado de instrucción N° II de esta entidad judicial. 

Cabe recordarles que 13 de los implicados ya están a disposición judicial por el desvío masivo de efectos de valor. Se estima que se produjo en el año 2015 cuando se trasladaba la bóveda de la Tesorería General de la antigua sede a la nueva de la misma. De los registros efectuados en las diferentes residencias, se pudo incautar un total de trecientos tres millones quinientos noventa y seis mil quinientos (303 593 500 XFA), donde la cuantía total se estima en miles de millones de francos CFA.