Ya se conoce oficialmente la sentencia pronunciada en el caso de malversación de fondos en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), cuyos principales acusados eran el ex Delegado Nacional Pedro Claver Mbega Ovono y el ex Interventor General de la misma institución Valeriano Mbomio Nsue.
Después del Juicio Oral y Público celebrado del 12 al 20 de mayo del presente año en el Juzgado de Instrucción Nº I de Malabo, a través de una nota de prensa compartida con los medios de comunicación, la Abogacía del Estado ha sacado a la luz todos los detalles de la sentencia pronunciada contra los implicados en esta trama.
El ex Delegado Nacional de INSESO, Pedro Claver Mbega Ovono ha sido condenado a cuatro años de prisión y deberá ingresar en el Tesoro Público en concepto de multa la cantidad de 12 mil millones XAF. Unas condenas que se basan en la gestión fraudulenta de contratación nefasta y abusiva del periodo 2019-2020.
En relación al otro imputado, el ex Interventor General de la misma institución Valeriano Mbomío Nsue ha quedado absuelto de todas las acusaciones que pesaban contra él.
Al hacer pública la sentencia del Tribunal, luego se notificaron a las partes dicha Sentencia nº 16/2020, de fecha 27 de mayo, mediante la cual se condena a los imputados.
La Abogacía del Estado, siendo parte en dicho proceso, también fue notificada y aseguran que ven reflejada en ella sus pretensiones iniciales en relación a este caso. “Nosotros no vamos a recurrir, la Sentencia se ajusta al derecho”, explica Francisco Moro Nvé, uno de los Abogados del Estado que formaron parte de este juicio.
Además, Moro Nvé ha añadido que «seguiremos haciendo nuestro trabajo, el cual nos encomienda la Ley Fundamental, los Estatutos Orgánicos de nuestra institución y contamos con la confianza del Jefe de Estado en esta sagrada misión que es defender los intereses y derechos de este país”. Apostilla el letrado.
Desde la Abogacía del Estado muestran su satisfacción por esta «victoria» que se une a otras que han conseguido no solamente a nivel nacional, sino internacional y aseguran que solo hacen uso correcto y coherente de los instrumentos legales vigentes.
El escándalo del caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social que publicó este medio en primicia nace del informe de la auditoría que la Secretaria de Estado de Auditorías llevó a cabo en la institución entre el año 2019-2020, en la que se revelaba que había unas sumas en las arcas de dicha institución pública de algo más de 56 millares XAF cuyo paradero se tenía que justificar como importe de riesgo manejado y de este monto se llegó a deducir los pagos de salarios, maquinarias y prestaciones sociales del periodo auditado.
