Desde el año 2020, el Juzgado central de Instrucción número 005 de Madrid está conociendo una causa contra miembros del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y altos funcionarios del Estado por los supuestos delitos de secuestro, desaparición de personas y tortura contra miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R), denuncia que fue igualmente interpuesta por este Movimiento con sede en España.
En consecuencia, el Fiscal de la República Anatolio Nzang Nguema compareció de nuevo este miércoles 05 de marzo para ir contra la postura de los órganos jurisdicionales españolas que desde 2020 se están posicionando en contra del Ejecutivo de Malabo, «violando sistemáticamente las leyes del país» y por ende «apoyando a un grupo que en diciembre de 2017 introdujeron mercenarios en el territorio nacional con la intención de fomentar el terrorismo», relata el fiscal general.
Nzang Nguema ha revelado que sin atender a lo estipulado en las leyes nacionales y sin atender a los órganos jurisdicionales de Guinea Ecuatorial, la parte española ha procedido con el embargo de bienes de los imputados, dictando «sorprendentemente» arrestos internacionales, conversión de diligencias previas en sumario, entre otras actuaciones
Por lo tanto, Anatolio Nzang Nguema asegura que «llama la atención la negativa del instructor a convertir las diligencias en formación de sumario» y matiza que «no está acreditada que España tenga jurisdicción en dicha causa». La situación en este momento se encuentra ante el Tribunal Supremo del Reino de España sin decisión alguna sobre la competencia en cuestión.
El Fiscal General de la República cuestionó igualmente al Reino de España por albergar en su territorio al Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial -Tercera República (MLGE3R) pese a ser perseguidos por el Gobierno ecuatoguineano por los delitos cometidos en 2017.
En definitiva, Anatolio Nzang Nguema insta a los tribunales españoles cesar su persecución contra los miembros del Gobierno y deja claro que «los ciudadanos de Guinea Ecuatorial y altos funcionarios investigados no pueden comparecer para responder ante tribunales ordinarios españoles que hasta ahora ni tienen ni pueden responder si tienen jurisdicción», concluyó.
