El Ministerio de justicia, culto e instituciones penitenciarias ha publicado, mediante Orden Ministerial firmado por su Ministro, Salvador Ondo Nkumu, una serie de medidas restrictivas complementarias en relación a la celebración de actos de culto durante las presentes fiestas navideñas y año nuevo, en cumplimiento del Decreto Presidencial número 107/2020, de fecha 21 de diciembre, por el que se restringe temporalmente la circulación de personas durante las fiestas navideñas y el año nuevo para prevenir la expansión del Coronavirus en la República de Guinea Ecuatorial.
Se insta a todas las confesiones religiosas a observar las medidas enunciadas en el artículo 3 del Decreto número 54/2020, de fecha 4 de agosto, el Gobierno de Guinea Ecuatorial acuerda la entrada a la Segunda Fase de Relajamiento del estado de Alarma Sanitaria, de restricción del confinamiento y las medidas cautelares adoptadas por el Decreto n° 42/2020 de fecha 31 de marzo. Estas medidas son generalmente: respetar el aforo del 50% autorizado y en todo caso el número de asistentes no debe ser superior a 250, guardar una distancia mínima de 1,5 metros entre los asistentes, incluidos los miembros de los coros musicales, tomar la temperatura de todos durante el acceso al lugar de culto así como la desinfección de sus manos, utilización correcta de la mascarilla por parte de todos los asistentes durante todo el culto y la prohibición de rituales que impliquen contacto físico entre los asistentes.
La inobservancia de estas medidas publicadas por el Ministerio de Justicia, culto e instituciones penitenciarias podrá acarrear medidas sancionatorias que incluirían el cierre o precinto inmediato del local, la adopción de medidas contra los ministros de culto implicados, quienes podrían ser inhabilitados temporalmente por un período no inferior a 3 años cuando sean nacionales y expulsados del territorio nacional sin posibilidad de regreso por un período no inferior a 10 años si son extranjeros y la confesión religiosa también podría ser disuelta con todas las consecuencias jurídico-administrativas que de ello derive.
